A fines de febrero o comienzos de marzo se conocerá el nombre del nuevo presidente del organismo. La adjudicación de licencias de TV entra en un momento decisivo.
La mejor definición para describir el presente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –el ente creado por la Ley de Medios que remplazó al viejo Comfer– proviene de las novelas de aventuras. De las historias de barcos, mares y tormentas. La AFSCA atraviesa hoy un breve período de calma chicha, como los marineros llamaban a la desesperante ausencia de vientos, pero se prepara para recibir un fuerte envión hacia fines de febrero o principios de marzo. Tras el alejamiento del vicegobernador Gabriel Mariotto de la presidencia del organismo, cuya renuncia fue aceptada a través de un decreto publicado por el Boletín Oficial en el que, en un hecho poco común, se le agradecían “los servicios prestados”, la AFSCA quedó por ahora a cargo del vicepresidente del directorio, el peronista pampeano Manuel Baladrón.
Ex diputado nacional, Baladrón llegó a presidir la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja. Mientras Mariotto estuvo al frente, el pampeano lo secundó en el directorio de la AFSCA. Esa estructura debería estar compuesta por siete directores: dos miembros en representación del Poder Ejecutivo (Mariotto y Baladrón); dos por el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Seminara), y por último tres integrantes por el Congreso, en representación de la primera (FPV), segunda (UCR) y tercer minoría (FAP).
Sin embargo, hasta ahora sólo ha sido designado el representante del oficialismo: Claudio Schiffer, asesor del vicegobernador de Jujuy, Guillermo Jenefes. Las dos minorías legislativas aún no ubicaron a sus representantes. Según información que en su momento recibió Eduardo Fellner, ex titular de la Cámara de Diputados, el radicalismo había pensado en el ex diputado Gustavo Cusinato. En cuanto al frente que lidera Hermes Binner, en la AFSCA circula la versión de que la senadora Norma Morandini, periodista de larga trayectoria, sería la elegida, aunque todavía habría algún debate interno al respecto.
Más allá de la conformación del organigrama, la expectativa de los funcionarios que siguen en la gestión de AFSCA está puesta en los concursos para adjudicar licencias de TV digital. Como se sabe, los concursos para prestadores de alta potencia (que implican una cobertura de 70 km) se prorrogaron por 90 días. En tanto, los concursos de baja potencia (10 km de transmisión) se encuentran en la fase de planificación previa. Por las características del soporte digital (una frecuencia contiene cuatro canales), los prestadores de baja potencia deben adaptarse al plan técnico. Los conocedores en la materia, como el docente de la UBA Damián Loreti, tienen claro que si no se planifica bien la adjudicación de frecuencias, el espectro puede convertirse en un caos.
La conclusión de los especialistas es que, en el ordenamiento del nuevo tablero digital, los “jugadores más pequeños” deberán incorporarse al escenario una vez que se establezcan los actores más grandes. Mientras tanto, desde la AFSCA ya se ha convocado a un relevamiento para canales abiertos de TV digital de baja potencia (transmisores de un kilowatt) en todo el país. También se está evaluando hacer más accesibles las condiciones de acceso a los pliegos. De todas formas, el costo mínimo de operar un canal de TV obliga a tener cierta capacidad económica. Aunque los concursos se prorrogaron hasta fines de marzo, algunos llamados se realizaron: estuvieron abiertos apenas un día y sin embargo hubo varios oferentes. Uno de los ejemplos más comentados fue el del concurso para canales de TV digital de media potencia (30 km de cobertura) para la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, las empresas que se presentaron, según pudo saber Tiempo Argentino de dos altos funcionarios de la AFSCA, están vinculadas a Eduardo Eurnekian (propuso hacer un canal deportivo que transmita polo), Fernando Blanco (socio de Adrián Suar en Pol-Ka) y a Daniel Vila.
Para los productores de contenidos, convertirse en titulares de una licencia de TV digital puede ser un logro estratégico: cuando un prestador audiovisual pasa a ser titular de una licencia otorgada por la Autoridad de Aplicación, su programación debe ser incluida en la grilla de todos los cable -operadores de la zona. La inclusión de ese nuevo canal, validado por la correspondiente licencia, pasa a ser obligatoria. Todo esto explica por qué hay tanta expectativa sobre el nombre del próximo titular de la AFSCA, que presumiblemente será designado a principios de marzo. “Las medidas más trascendentes las va a tomar el que venga”, confió a este diario un funcionario del ex Comfer con cargo gerencial. <
Restricciones de la ley
El artículo 161 de la Ley de Medios es el que plantea la adecuación a la nueva normativa, que fija topes para la cantidad de licencias que se pueden explotar. Las restricciones prevén, por ejemplo, que se puede tener un canal de TV abierta y uno de cable en una misma zona. En todo el país, hoy, hay cuatro grupos empresariales que recurrieron a la justicia para impedir la entrada en vigencia de los plazos que fija el artículo. Se trata del Grupo Clarín, como ya es público; la empresa Supercanal (del Grupo Vila-Manzano); el Grupo Ick de Santiago del Estero, y la sociedad que explota Cadena 3 de Córdoba, la emisora de radio que transmite en todo el país. Esos cuatro grupos multimediales consiguieron medidas cautelares que están trabando la aplicación de los plazos.
Otra de las restricciones que establece la nueva ley, aunque retoma un artículo que ya existía en la Ley 22.285 heredada de los tiempos del dictador Roberto Viola, prohíbe a un prestador de servicios públicos convertirse en licenciatario de servicios de comunicación audiovisual. Varios de los grupos empresariales que recurrieron a la justicia son, también, propietarios de servicios públicos privatizados en sus provincias y zonas de influencia.
“La incompatibilidad de prestar servicios públicos y servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo efectivamente existe. Pero, como todo en la vida, para aplicar el articulado de la ley primero hay que comprobarlo. Hay que revisar las estructuras societarias y comprobar que en algún punto se tocan: que hay accionistas en común o una misma empresa que es accionista de servicios públicos y medios audiovisuales”, explicó a este diario un alto funcionario de la AFSCA.