Economía

El ministro de planificación, Julio de Vido, anticipó las sanciones contra esa firma. Esta semana pidió a las compañías del sector que aumenten las inversiones

El ministro de Planificación Federal , Julio de Vido, informó que el Grupo Telefónica de Argentina “va a sufrir una fuerte multa” por no haber previsto las medidas para garantizar el servicio de telefonía fija y móvil en la zona de La Plata y alrededores tras el temporal acaecido esta semana. El mismo funcionario alertó el miércoles pasado a las empresas de telefonía celular que este año el Ejecutivo les exigirá un mayor nivel de inversiones.

“Les advertimos a las empresas del servicio telefónico que bajo ningún aspecto debía colapsar el servicio porque deberían tener todos los back ups eléctricos y grupos electrógenos generadores para mantener el servicio, tanto en la telefonía celular como en el servicio fijo”, afirmó ayer el titular de la cartera de Planificación Federal.

En declaraciones televisivas puntualizó, además, que la compañía “que peor servicio brindó” fue Telefónica de Argentina, “por lo cual va a sufrir una fuerte multa, no solamente por la falta del back up eléctrico sino también por el mal manejo que han hecho de la crisis”, comentó. Consideró también sobre esta compañía que “fue pésimo el manejo que tuvo en ese contexto de crisis”.

Por otra parte dijo que las otras dos compañías de servicio móvil, Personal del Grupo Telecom y Claro, “tuvieron problemas, pero al menos daban servicios 2G”.
Por ello, anticipó que el Gobierno evaluará minuciosamente los pedidos de las compañías para ingresar en el negocio del 4G, que supone un avance en la rapidez de conexión a Internet y transferencia de paquetes de datos.

“Hoy (por ayer) leí en (el diario) La Nación que las empresas están ávidas de dar servicios de 4G. Mal pueden prestar servicios de 4G cuando en una emergencia ni pueden prestar ni el 2G”, evaluó.

La multa que anticipó ayer el funcionario se conoció en momentos en el Gobierno decidió redoblar la presión sobre las prestadoras del servicio de telefonía celular para que aumenten las inversiones y mejoren las prestaciones.

“Se viene una etapa de fuertes inversiones. Se lo digo a los privados, van a tener que invertir fuertemente”, señaló el miércoles pasado el funcionario, quien puntualizó también que en 2003 en Argentina había cuatro millones de celulares y actualmente existen 50 millones. “Es el país de América con mayor relación celular-habitante”, sintetizó.

La Corte Suprema resolvió que la Administración Nacional de la Seguridad Social debe responder una indemnización por muerte.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debe abonar una indemnización que debía pagar una AFJP estatizada, por cuanto “la conducta precedente del obligado original no puede erigirse en un factor idóneo para mantener en su cabeza la responsabilidad por una deuda que ya no le es exigible por imperio de la ley”.

El pronunciamiento fue dictado en la causa “Galeano González c/ Futura AFJP” por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton,  Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
La cámara laboral actuante había hecho lugar a una indemnización por fallecimiento en ocasión de trabajo y, con fundamento en el fallo “Milone” (que versaba sobre el pago en cuotas de indemnizaciones de la LRT), había condenado a la administradora privada y a la Anses.

Este fallo fue apelado por ambas, agraviándose la AFJP porque en el artículo 18 de la Ley de Unificación se afirmó que el ente previsional se iba a hacer cargo de las obligaciones de las administradoras de jubilaciones privadas y la Anses porque consideró que hubo una errónea interpretación del precedente de la Corte. Ésta consideró que era procedente el recurso extraordinario respecto a la AFJP porque “la Alzada prescindió de las disposiciones de la ley 26.425, que resultan de inexcusable aplicación al caso –habida cuenta del carácter de orden público de las normas atinentes al Sistema Integrado Previsional Argentino (cf. art 20)-, con la consiguiente lesión de la garantía de propiedad invocada por la recurrente”.

Se argumentó que “se mantuvo en cabeza de la AFJP la responsabilidad por una deuda que fue transferida -ipso iure- a la Administración Nacional de la Seguridad Social” y que la Cámara soslayó lo dispuesto en el artículo 19 de la norma citada, que indica que “la Administración Nacional de la Seguridad Social se subroga en las obligaciones y derechos que la ley 24241 y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones”.

“La transferencia de las deudas dispuesta por la subrogación legal no requiere el consentimiento del acreedor para la sustitución del deudor (…) de modo que le impide reclamar el pago a un sujeto distinto del individualizado en la norma”, se destacó.

La Corte estimó que “la conducta precedente del obligado original no puede erigirse en un factor idóneo para mantener en su cabeza la responsabilidad por una deuda que ya no le es exigible por imperio de la ley”.

El secretario de Minería, Jorge Mayoral se reunió con el subsecretario de promoción del Sector Social de la Economía del Ministerio de Trabajo de la Nación, Federico Ludueña, y representantes de los trabajadores ladrilleros artesanales nucleados en la Mesa Nacional del Ladrillo.

La Secretaría de Minería y el Ministerio de Trabajo de la Nación llevan a cabo acciones tendientes a fortalecer la actividad ladrillera en el país. En el encuentro que mantuvieron analizaron el desarrollo de la actividad minera del ladrillo artesanal en el país, y el compromiso de la cartera de Trabajo para aunar esfuerzos con el organismo minero nacional para fortalecer dicha actividad.

En este sentido, Mayoral comentó al funcionario la tarea que lleva adelante con los trabajadores artesanales del ladrillo a quienes, a partir del 2004 y por decisión del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Minería, se los incorporó al sector como una actividad minera genuina "incluyendo en la nómina de productos obtenidos a partir de minerales, al ladrillo moldeado y cocido o quemado" (Res.109/04).

Por su parte, los trabajadores ladrilleros dieron detalles sobre el programa en ejecución de la Secretaría de Minería, la Fundación de Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la implementación del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales América Latina (EELA) en Argentina.

Mayoral destacó la implementación del programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) gestionado por el organismo minero nacional en 2004 ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar con 80 millones de pesos, acciones como la creación de las tres primeras escuelas fabricas de ladrillo artesanal.

La actividad ladrillera es estratégica y vital para el desarrollo del sector de la construcción tanto a nivel público como privado, pero nunca fue reconocida por los sectores productivos del país, convirtiéndose en una industria marginal con grandes desventajas comparativas.

En Argentina hay actualmente 155.000 familias que se sustentan económicamente a partir de la producción del ladrillo artesanal y, por cada localidad de 800 habitantes existe al menos un horno de ladrillo generando empleo para la región.

Vamos a utilizar al máximo toda la tecnología disponible, con información centralizada tanto interna como la que recibimos de organizaciones del sector privado, para llegar al 100 por ciento de los contribuyentes”, advirtió ayer el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

El funcionario explicó que “todas las inconsistencias se podrán detectar a través del cruce de información”, y sugirió a los contadores públicos que se conviertan en “aliados estratégicos” de la AFIP. “Queremos poner blanco sobre negro para que los contadores adviertan a sus clientes que deben pagar sus impuestos porque la AFIP cruza todos los datos que hay en los organismos del Estado para detectar inconsistencias”, advirtió.

En ese sentido, adelantó que el organismo es consciente de que este año se pueden recaudar más de los 825.000 millones de pesos previstos, para lo cual se debe administrar la información “de manera inteligente”, afirmó.

Echegaray brindó detalles del número de contribuyentes que durante el período fiscal 2011 (vencido en 2012) intentaron evadir impuestos mediante diversos mecanismos de elusión, finalmente detectados por la AFIP. “Hay 7.256 casos de compra de inmuebles cuya información no fue contemplada en la Declaración Jurada, y 5.666 comercios monotributistas que, por inconsistencias entre sus ventas y sus presentaciones, quedaron excluidos del régimen”, explicó Echegaray.

Los irregulares se extienden a 11.912 comercios responsables inscriptos, 10.158 sujetos que presentaban IVA y Seguridad Social pero no Ganancias, y 9.375 casos de autos de alta gama cuyo valor de compra superaba la alícuota de la categoría monotributista.

Finalmente, Echegaray eludió referirse a la escalada del dólar paralelo y deslindó responsabilidades, al señalar que la entidad que conduce ejecuta “la política fiscal, no la cambiaria”.

Ø El administrador federal detalló las inconsistencias ante contadores, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
Ø El funcionario explicó que el fisco cuenta con una matriz inteligente que realiza cruces informáticos entre las DDJJ con tarjetas, colegios privados, expensas, entre otras.


Ø “Con las fiscalizaciones electrónicas llegamos al 100% de las personas físicas y jurídicas”, aseguró Ricardo Echegaray.
 
El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, detalló hoy, ante un centenar de profesionales de ciencias económicas, que la AFIP detectó inconsistencias en 285.152 contribuyentes luego al cruzar sus Declaraciones Juradas con los regímenes de información. “Con las fiscalizaciones electrónicas llegamos al 100% de las personas físicas y jurídicas y podemos comprobar de manera exacta cuando se olvidan u omiten declarar bienes, gastos y/o ingresos”, sentenció el funcionario.
 
“Desde la AFIP hemos implementado una verdadera matriz inteligente que alerta las inconsistencias”, agregó Echegaray y aseguró que el fisco cuenta con información directa de tarjetas de crédito, compraventa de automotores y pago de expensas así como de migraciones, fideicomisos, escribanos, cuentas bancarias, títulos públicos, entre otras.
 
El funcionario aclaró que las 285.152 irregularidades en las Declaraciones Juradas corresponden al ejercicio fiscal 2011, que fueron presentadas el año pasado. Entre las inconsistencias más importantes se destaca el caso de unos 9.375 monotributistas que compraron vehículos de alta gama. “En algunos casos observamos autos que duplican o triplican los ingresos anuales declarados”, graficó Echegaray.
 
“En los cruces con Migraciones, hemos constatado que 15.972 contribuyentes solicitaron permisos para adquirir divisas, luego compraron monedas extranjeras, pero nunca salieron del país”, explicó el administrador federal al tiempo que informó que en esos casos la AFIP decidió suspender la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
 
El funcionario se refirió también al caso de los 11.912 comerciantes inscriptos en IVA que declaran ventas e ingresos muy inferiores a los que informan las tarjetas de crédito a la AFIP. Algo similar ocurre con los 5.666 locales que, al comprobar las ventas realizadas sólo con tarjetas, deberían recategorizarse o ser excluidos directamente del Régimen Simplificado.
 
Asimismo, Echegaray se refirió a otros 21.130 contribuyentes omitieron informar a la AFIP que tenían plazos fijos; a los 13.166, que no declararon que tenían acciones y participaciones societarias en la Argentina y otros 1,675 que tenían acciones en el exterior.
 
El titular de la AFIP se refirió al caso de las existencias de granos. “Nosotros no nos manejamos con estimaciones sectoriales, sino que tenemos los datos de la Declaraciones Juradas que, a su vez, son contrastadas con los regímenes de producción y luego con el movimiento de granos”, sostuvo Echegaray y agregó que de las 29.280 inconsistencias detectadas, ya se realizaron más de 11.400 rectificaciones.
 
Entre otras irregularidades encontradas figuran: 7.256 casos de bienes registrables; 10.158, de sujetos que presentan IVA y Seguridad Social pero no Ganancias; 4.525 información de consumos no inscriptos o empleados; 9.191, información de consumos de inscriptos; 1.580, información de consumo de monotributistas; 56.705 autoridades societarias; 1.701, de productores de seguros; 2.273, productores de seguros monotributistas; 4.139, agencias y loterías; 14.230 fideicomisos; 728 ferias; 165 donaciones; 1.352 operaciones de comercio electrónico; 606 operaciones de comercio electrónico por monotributistas y 60.512 muebles rurales

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