El Ejecutivo bonaerense giró el viernes al Senado los proyectos de ley que crean la Policía Judicial, un instituto contemplado en la Constitución Provincial nunca implementado, y la Policía de Prevención que funcionará en los municipios con más de 70 mil habitantes y que era un reclamo de muchos intendentes.

El proyecto para crear la Policía Judicial, impulsado por la Comisión por la Memoria y ahora ingresado por el Ejecutivo, viene a cumplir con un mandato constitucional y con la ley 12.061 que la define como el órgano auxiliar directo y por excelencia del Ministerio Público Fiscal.

En el mensaje al Senado, el Ejecutivo explica que la iniciativa tiene como objetivo “profesionalizar las investigaciones penales, potenciar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las redes delictivas y dar al Ministerio Público Fiscal herramientas autónomas para ejercer con plenitud la dirección de la investigación en el esquema receptado por el Código Procesal Penal”.

La fuerza judicial dependerá de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia y estará compuesta por civiles especializados en criminalística, peritos y forenses. Se ocupará de la investigación de delitos complejos como homicidios, secuestros y narcotráfico, que hasta ahora estaban a cargo de la Policía Bonaerense.

El proyecto establece en su artículo 3º que la Policía Judicial actuará siempre que los fiscales lo requieran en: aquellos casos en los que, debido a la estructura organizativa de los autores que involucra, a las características propias de la comisión del hecho o la complejidad requerida para la investigación; en la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso y en la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad.

La fuerza tendrá un director general, un subdirector y tres secretarios: Técnico- Científica; de Investigación e Instrucción, y de Formación y Capacitación. También habrá subsecretarios en cada uno de los 18 departamentos judiciales.

La Procuración General deberá realizar un programa de gestión para la Policía Judicial, que deberá ser presentado en audiencia pública ante ambas cámaras de la Legislatura. El primer programa deberá ser confeccionado en un plazo no mayor a los 5 meses de la designación de las autoridades del cuerpo. Además, el procurador deberá presentar un informe de gestión anual, también en audiencia pública ante diputados y senadores.

Policía II

La denominada Policía de Prevención, que venían reclamando muchos intendentes, funcionará en aquellos distritos con más de 70 mil habitantes, aunque según explica el artículo 3º existe la posibilidad de que haya excepciones para los que posean menos habitantes. El jefe de la Policía de Prevención será el jefe de Policía de distrito de cada municipio.

La fuerza dependerá del intendente del distrito, aunque mantendrá “dependencia orgánica” con el Ministerio de Justicia y Seguridad. El jefe comunal diseñará las “políticas preventivas” y las acciones estratégicas de la policía. Actuará en todo el territorio municipal excepto en los lugares de jurisdicción Federal, Provincial o Militar.

Entre las funciones que establece el proyecto están: desarrollar tareas de observación, patrullaje y vigilancia; hacer cesar la comisión de delitos y contravenciones, colaborar en las tareas de análisis preventivo en base a mapas delictivos y contravencionales; colaborar en la fiscalización y prevención de las faltas de tránsito, vehicular y peatonal; mantener el orden y la seguridad pública; colaborar en la detección de conflictos relacionadas con la convivencia entre vecinos; participar en caso de siniestros y catástrofes y prestar auxilio u orientación a todo vecino que lo requiera.

En el artículo 8º se establece que la fuerza no cumplirá tareas de custodia de objetivos fijos, ni de personas y no albergará detenidos en su sede operativa.

El personal se regirá por la Ley de Personal de las Policías de la provincia y se someterá al control de Asuntos Internos, como ocurre con la Policía bonaerense. El régimen será de 8 horas diarias más cuatro compensables con el sistema de horas extraordinarias. El salario será pagado con fondos del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La formación y capacitación de los efectivos estará a cargo del Ministerio y se llevará adelante en los Institutos de Formación que hoy existen.

En el mensaje al Senado, el Ejecutivo explica que el proyecto busca potenciar la descentralización operativa de la policía y dotar a los intendentes de “una nueva herramienta para ejecutar oolíticas activas en materia de seguridad y prevención, adaptando las políticas generales a las particularidades de su distrito”.