Locales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su Instituto de Investigaciones, dio a conocer el denominado ?Mapa Judicial? del país que revela el volumen de expedientes ingresados anualmente, la cantidad de habitantes y los recursos humanos existentes en cada jurisdicción, tomando como parámetro los años 2008, 2009 y 2010. En lo que concierne a la Cámara Federal de Salta, con 802 causas resueltas en materia penal y de derechos humanos en 2010, es el tribunal que se halla a la cabeza del país en cuanto a volumen de trabajo tomando como criterio las cámaras federales del interior con una única sala, superando tanto  a tribunales que, como Tucumán y Bahía Blanca, tienen 5 jueces en sus únicas salas (quienes exhiben en la materia 571 y 452 causas respectivamente), como a cámaras que tienen dos y tres salas, tal el caso de Rosario, Córdoba y Mendoza. Según el informe de la Corte Suprema, la Cámara salteña solo resulta superada ?en cuanto número de resoluciones- por las cámaras de San Martín y La Plata (con competencia sobre numerosos partidos del conurbano bonaerense), las que ostentan 2 y 3 salas respectivamente.
En lo que concierne a las resoluciones sobre derechos humanos, desde que quedó integrada, a partir del 14 de agosto de 2009, en su actual composición, con los jueces Roberto Louthayf Ranea, Jorge Luis Villada y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, dictó, hasta el 31 de mayo del corriente año, 330 resoluciones de lesa humanidad en un período de 593 días hábiles, lo que arroja un promedio de 1.80 por día, es decir, casi 2 resoluciones por día hábil.
En tal sentido, corresponde mencionar que  160 provienen de los Juzgados Federales N° 1 y 2 de Salta, en tanto 140 son originarias del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, el único que entiende en causas de violaciones a los Derechos Humanos en esa jurisdicción.
La causa ?Vargas? viene a sumarse a dicho listado que incluye, en el corriente año, respecto de Jujuy la decisión de 26 causas. Entre ellas, cabe destacar la reciente resolución de las causas N° 003/12 y 004/12 en las que, ante el pedido del Fiscal Federal de ?pronto despacho? a mediados de marzo ante el Juzgado nº 2 de Jujuy respecto de los pedidos de detención e indagatoria de Alberto Lemos y Carlos Alberto Blaquier, la Cámara, con fechas 26 y 28 de marzo respectivamente, consideró admisible la queja, ordenando al juez que se pronuncie sobre el requerimiento Fiscal, cualquiera fuera su decisión, en el término de cinco días de recibidas las actuaciones, lo que así realizó el juez Poviña el pasado mes de mayo, disponiendo la indagatoria de ambos.


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 Alejandra Gils Carbó abogada que el 20 cumplirá 54 años y habilitó una reunión de ella con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Reportaje.

–Cuando habló con la Presidenta, ¿recibió alguna instrucción?

–Yo no llamaría instrucción a lo que me dijo. Tomé la iniciativa y le pregunté algo que me parecía prudente saber: qué esperaba de mí.

–¿Y qué le dijo que espera de usted?

–Le cuento su respuesta textual: “Que seas como sos”. Eso me tranquilizó mucho.

–Si pasa el filtro del Senado, ¿tiene un plan para la Procuración?

–Por suerte tengo la experiencia de haber trabajado muchos años en la Procuración haciendo el trabajo de fiscal adjunto. Conozco las problemáticas de los fiscales de todo el país. De quienes trabajan en la Capital Federal y de los que están en el interior.

–Usted no es especialista en Derecho Penal.

–No. Al menos en el caso del último procurador, Esteban Ri-ghi, se trató de un penalista. No lo soy aunque coordiné actividades con miembros del Ministerio Público especializados académicamente en Derecho Penal. Uno de ellos, el actual diputado Manuel Garrido, junto a quien fuimos denunciantes por delitos económicos. De todos modos, no creo en las abstracciones sino en el estudio y en el trabajo. Cuando tenga que resolver un dictamen sobre grandes cuestiones de derecho penal me reuniré con los fiscales correspondientes.

–¿Su especialidad es el Derecho Comercial?

–La vida me empujó hacia el Derecho Comercial, pero a mí siempre me gustó el Derecho Público. Eso es lo que tuve oportunidad de hacer en la Procuración. Por ese motivo actué muchas veces con dictámenes que tenían que ver con grandes grupos económicos. Hoy es uno de los grandes temas del mundo, no solo de la Argentina. Podemos vernos en días difíciles ante la crisis internacional. Y observar a algunos países centrales sucumbiendo ante el dios mercado debe ser motivo de preocupación. No pienso que los grupos económicos sean ni buenos ni malos. Simplemente quieren hacer valer sus intereses. Muchos Estados están preocupados por este tema. Incluso Estados de los países centrales, que ven desgastada su gobernabilidad. Tanto trabajó Europa por la integración y ahora las cosas se le están yendo de las manos...

–¿Cuál es la definición de Derecho Público que usted aplica?

–Separar el Derecho Público del privado es una convención académica de las universidades. Pero creo que esa diferencia no es tajante. Hay que tener cuidado de no crear abismos, porque las normas de derecho público son las que protegen las bases esenciales del orden jurídico y del Estado de Derecho. Son principios basales sobre los cuales se erige todo lo demás: los intereses de la Nación, los intereses generales de la sociedad. El Derecho Público, naturalmente, también abarca las garantías individuales como parte de la dignidad de la persona. Es un terreno constitucional y trata de los derechos esenciales. Al mismo tiempo, y sin marcar una brecha que separe dos mundos distintos, hay cuestiones negociales menores que son de derecho privado, lo cual permite que las partes puedan ponerse de acuerdo. No hacen a la esencia del orden en la sociedad.

–¿Usted es fiscal de cámara por gestiones de Righi?

–Fui fiscal adjunta del doctor Nicolás Becerra, que me propuso como fiscal de cámara. Me calificó y me puso primera en la terna. El doctor Righi intervino en la etapa final.

–¿Por qué dictaminó en contra de la fusión de Cablevisión y Multicanal, firmada en 2006, incluso cuando ésa no era entonces la política oficial?

–Por normas de Derecho Público, una sociedad extranjera no podía tener más del 30 por ciento. Fintech, asociada al Grupo Clarín para la operación que usted menciona, tenía base en el Estado norteamericano de Delaware. En su momento algunos calificaron la norma que limitaba la propiedad extranjera en medios audiovisuales como “Ley Clarín”, porque argumentaban que favorecía a ese grupo. A mí la norma me parecía buena en sí misma, y además no son los fiscales y los jueces los que legislan. Por otra parte, el acuerdo preventivo extrajudicial es un trámite que no da garantía de defensa en juicio a los acreedores y entonces ocurren los abusos. Así había sucedido. Yo consideré que estaba delante de un modo de evadir las normas de la Comisión Nacional de Valores. En tantos años de actuación como fiscal escribí muchos dictámenes, y obviamente son todos públicos. Por ejemplo, se me ocurre mencionar la defensa del consumidor y su derecho a emprender acciones colectivas. Muchos jueces interpretaron que las acciones colectivas no son legítimas. Opino lo contrario y lo señalé en mis dictámenes fiscales. También me acuerdo de casos como el de Tandanor, una privatización escandalosa que terminó con una prescripción igualmente escandalosa. Me opuse. El fuero comercial permite entender algo que no siempre se nota tanto en otros fueros.

–¿Qué aprendió en el fuero comercial?

–Entendí las asimetrías en los litigios. Que las partes tengan iguales posibilidades en el proceso es algo que en la práctica no se presenta. Una persona sin recursos no tiene medios y el sistema judicial puede caer entonces en la indefensión. A veces también el Estado termina siendo un débil jurídico. A mí el Estado nunca me reclamó ni ejerció presiones, y sin embargo recuerdo muchísimas presiones y momentos difíciles con grandes estudios.

–Usted trabajó en uno de esos grandes estudios, Fargosi.

–Cuando me recibí, en 1981. Pero nunca intervine en grandes casos. Y fue otra etapa de mi vida. Entré a la Justicia en 1987, hace ya 25 años.

–¿Qué le atrae de la Justicia?

–La Justicia da la posibilidad, por lo menos desde un cargo de fiscal, de defender el interés general de la sociedad. Uno se siente bien cuando tiene que ponerse en el lugar del ciudadano afectado.

–¿Y cuál es la diferencia respecto del trabajo de un abogado litigante?

–Que el abogado no tiene por objetivo principal la defensa del interés general, sino el de su defendido. Lo digo sin prejuicios, porque el abogado es un auxiliar especializado de una persona en un proceso judicial. Y en nombre de esa persona y su derecho a defensa en juicio tiene que dar los argumentos legales. Ahora, cuando el abogado adultera documentos, busca testigos falsos o en el fuero comercial intenta que participen de un concurso personas que no son acreedores, ese profesional se pasa de la raya. Pero naturalmente no cuestiono, sino lo contrario, el derecho a defensa.

–Si usted volviera a la actividad privada, ¿defendería a cualquiera?

–No, supongo que no, pero ésa es una decisión personal y no tiene que ver con el derecho constitucional al debido proceso y a contar con un abogado. Yo elegiría a quién defiendo y a quién no, y a esta altura no podría volver a defender a cualquiera. Sobre todo en temas económicos, el daño es expansivo. La gente habla mucho de la inseguridad, pero la raíz está en la marginalidad y en la falta de educación, temas en los que tienen peso las corporaciones cuando pretenden manejar los recursos del Estado. Si esas corporaciones tiran de la manta quedarán muchos afuera, desnudos. Por eso hablaba de la importancia de preservar el criterio de pensar, desde el Ministerio Público, en el interés general.

–¿En qué grandes líneas del manejo actual del Estado coincide?

–A grandes rasgos, estoy de acuerdo con el reforzamiento del rol del Estado, con la política de bloque con los países latinoamericanos, con medidas como la estatización del sistema previsional para proteger a los más débiles de la sociedad, con la revisión de los crímenes de lesa humanidad. Ningún país puede salir adelante si no echa luz y sigue con muertos escondidos en el ropero.

–Me adelanto a una pregunta que seguramente le harán los senadores: ¿cuál debe ser la relación de una procuradora con el Poder Ejecutivo?

–El Ministerio Público es parte de la administración de la Justicia, que debe ser independiente no sólo del poder político sino de los poderes fácticos. El juego democrático de los poderes debe permitir que se controlen entre sí. No creo que ni este Gobierno ni ningún otro quiera que sus funcionarios estén libres de todo control, porque después el funcionario político y quienes están por encima en la pirámide del Estado son los que deben dar la cara.

–¿Qué promedio tuvo en la carrera?

–No lo recuerdo exactamente. Mientras estudiaba, trabajaba nueve horas. Y nunca me bocharon. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y di clases de posgrado en muchas universidades. Al principio, sobre protección de datos personales. Después, de protección respecto del fraude en la ley.

–¿De qué se trata exactamente el fraude en la ley?

–De una de las formas más impunes del fraude. Uno de los principales fraudes es interpretar la ley en contra de su espíritu. Los jueces no deberían hacerlo porque es una forma de no aplicar la ley. Me apasiona el Derecho. Me apasionaba el Derecho Constitucional. A los 18 era campeona nacional de esgrima. La abogacía y el litigio tienen mucho de esgrima. Hay artes, estrategias, tácticas. Hay dos partes. Y hay reglas que deberían cumplirse siempre, no importa de quien se trate. Por eso me preocupan las desigualdades y las asimetrías.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, presentó hoy Ediciones Infojus, un sello editorial del Estado nacional que publicará trimestralmente cinco volúmenes jurídicos gratuitos de alta calidad, en papel y formato electrónico.

“Lanzamos Ediciones Infojus con el fin de que el estudio, la investigación, el análisis y la difusión del derecho se constituyan en un bien de toda la comunidad”, explicó Alak.

Acompañado por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, Alak señaló al de hoy como “un día de grandes satisfacciones, porque esta mañana inauguramos un nuevo Centro de Consulta Directa del portal Infojus a metros del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora estamos aquí para lanzar este nuevo instrumento que nos permite ser consecuentes con nuestro objetivo de favorecer el acceso de toda la población a un derecho humano fundamental, en este caso democratizando el saber específico del derecho”.

Del acto de lanzamiento, que tuvo lugar en el auditorio del Banco Nación, participaron también la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza; el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, y numerosas personalidades del ámbito del derecho, funcionarios judiciales, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.

Alak subrayó que Infojus “es parte de un conjunto de políticas públicas desarrolladas para favorecer el acceso a la Justicia de toda la población”, y mencionó también al Digesto Jurídico Argentino, que “ordenó, sistematizó y depuró toda la legislación nacional emitida desde 1853”, y a la red de Centros de Acceso a la Justicia, que “también está en constante expansión y actúa directamente en las zonas de mayor vulnerabilidad social para acercar la Justicia a los sectores con mayores dificultades para conocer y ejercer sus derechos”.

“Estas acciones –afirmó- son hijas de este proceso fenomenal de democratización del saber y la cultura que transitamos los argentinos desde 2003; son el producto de este tiempo de revaloración de la capacitación como medio de liberación individual y colectiva y resultantes naturales de esta era de recuperación del debate franco y plural de las ideas”.

Por su parte, Álvarez señaló a Ediciones Infojus como “la continuación de una política lanzada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando forjó el portal Infojus, el sitio de información jurídica que ya contiene más de 800.000 documentos que pueden ser consultados y descargados en forma libre y gratuita no sólo por los profesionales del derecho, sino por la comunidad en su conjunto, sin ningún tipo de restricciones”.

“Elaboradas con criterio pluralista y federal, las revistas constituyen una valiosa contribución a la ampliación del horizonte del debate jurídico y a la difusión de nuevas ideas”, destacó el secretario de Justicia, y remarcó que Ediciones Infojus “representa la recuperación del Estado para la promoción de discusiones complejas del más alto saber jurídico, pero, fundamentalmente, supone la unificación de dos conceptos que siempre quisieron hacernos creer que estaban en disputa: el saber y el poder”.

“Es parte de la acción de la Generación del Bicentenario: una generación que está convencida de que saber y poder son dos caras de la misma moneda y que, por lo tanto, es eminentemente técnica y eminentemente política a la vez”, reivindicó.

El juez Zaffaroni, en tanto, fue enfático en la celebración del lanzamiento del sello editorial. “Para los que dedicamos la vida a las cátedras de Derecho, es una inmensa satisfacción asistir al lanzamiento de Ediciones Infojus, por el giro que representa el hecho de que sea una iniciativa del Ministerio de Justicia”.

Tras señalar las dificultades políticas, sociales y económicas que enfrenta el planeta, el magistrado se preguntó: “¿Cómo se hace para navegar este mundo, inmerso en esta dinámica tan compleja? Con el derecho, que es la clave para la convivencia”, se respondió, y consideró que el lanzamiento del sello editorial de Infojus “está mostrando la inevitabilidad de la incorporación de datos de la realidad a nuestra construcción jurídica”.


Cinco revistas trimestrales

Ediciones Infojus publicará cinco revistas jurídicas que abarcan las diferentes ramas del derecho: Filosofía del Derecho, Derecho Público, Derecho Privado, Derecho Penal y Derecho del Trabajo. Estarán disponibles en forma gratuita tanto en papel como en versión digital.

Las revistas serán gratuitas y los interesados en tenerlas, además de conseguir la versión en papel, podrán descargar la edición digital desde el portal Infojus.

Con temáticas renovables de alta calidad académica, están redactadas por personalidades relevantes de la comunidad jurídica.

Se editarán trimestralmente: en junio, en septiembre y en diciembre. Y en su primer volumen abordarán los siguientes temas:
 

Revista  Derecho Privado: Bioderecho

Revista  Derecho Público: Servicios de comunicación audiovisual

                                       Pasta celulosa y papel para diarios. Fabricación, comercialización y distribución.

                                       Tierras rurales, protección  al dominio nacional.

                                       UNASUR

Revista Derecho Penal: Alternativas a la pena de prisión

Revista Derecho del Trabajo: Tercerización

Filosofía del Derecho:

Cuestiones conceptuales, metodológicas y normativas.

Discusiones, notas y reseñas.
 

El presidente de la compañía expuso el plan de acción para recuperar el liderazgo.

El director general de YPF, Miguel Galuccio, afirmó ayer que la petrolera tiene una oportunidad histórica y la capacidad necesaria para recuperar el liderazgo y el protagonismo en el país. Con este fin, Galuccio adelantó que petrolera va a "duplicar la actividad exploratoria en los próximos 5 años" y que va a perforar mil pozos por año a partir de 2013. "La última vez que se perforaron 1.000 pozos fue en 1996", recordó el directivo.

El directivo lo expresó al hablar durante la presentación del nuevo plan Estratégico de la compañía en el Hotel Sheraton, en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Galuccio dijo que "perforando los 600 pozos por año actuales no somos siquiera capaces de mantener la producción actual". Por otra parte, el directivo dijo que "se aceleró el plan de inversiones un 40%, para alcanzar a perforar 746 pozos". El plan prevé que la producción de la empresa crezca un 6 por ciento por año, frente a una cifra similar de caída en la producción que tuvo el último año.
Al respecto, Galuccio señaló que "antes de correr, debemos caminar, y nuestra necesidad inmediata es detener el decaimiento de la producción". Por eso, según el directivo, en esta primera etapa se va a desarrollar una estrategia de alto impacto, apuntando a revertir la caída de producción y recuperar la credibilidad en el mercado nacional e internacional.

Por otra parte, Galuccio señaló que para recuperar la empresa y consolidarla como líder en la región en materia de explotación de pozos no convencionales, se necesitarán inversiones y aumentar la productividad.

Galuccio dijo también que se va a "requerir salir a buscar socios y para eso se está diseñando, de acuerdo a las necesidades y a los proyectos, distintos modelos de negocios". "Vamos a salir a buscar socios estratégicos, aquellos que tienen un know how no convencional, aquellos que tienen capacidad de inversión y conocimiento tecnológicos", destacó.

El cuerpo cuenta con 17 miembros de los cuales 16 son representantes del Estado. Con el encuentro concluyó la intervención. Se designó al actual titular, Miguel Galuccio, y a los economistas Eduardo Basualdo y Héctor Valle, de Flacso y FIDE, respectivamente.

La Asamblea de accionistas de la compañía petrolera YPF culminó esta tarde luego de que fuera elegido el nuevo directorio de 17 miembros.

Se designó, entre otros, al actual titular, Miguel Galuccio, y a los economistas Eduardo Basualdo y Héctor Valle, de Flacso y FIDE, respectivamente. El martes se detallará el Plan de Acción de los primeros 100 días.
De ese total de 17 directores, 16 son en representación de los Estados nacional y provinciales, mientras que el restante corresponde a Repsol, ex accionista mayoritario.

El ministro de Planificación, Julio De Vido; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el gerente general de YPF, Miguel Galuccio, participaron de la reunión que se llevó a cabo en la sede central de YPF en Puerto Madero. El encuentro fue presidido por el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.

En la puerta del edificio un grupo de ex trabajadores de YPF solicitaron ser considerados en el Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció durante la privatización.

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